El Gobierno del Distrito Federal dio un paso hacia la
privatización del servicio de agua potable al impulsar una ley que
descentraliza el Sistema de Aguas de la Ciudad de México (Sacmex) y le
permite concesionar rubros hasta ahora reservados a ese organismo, como
la construcción de plantas potabilizadoras, el tratamiento de aguas
residuales, la detección y recuperación por fugas y la instalación de
medidores.
Se trata de la Ley de Agua y Sustentabilidad Hídrica de la Ciudad de
México (LAS), en fase de revisión en la Consejería Jurídica y de
Servicios Legales del GDF antes de ser enviada al Legislativo. Ramón
Aguirre, director general del Sacmex, asegura que la iniciativa cuenta
con el consenso de todos los grupos políticos de la Asamblea Legislativa
del Distrito Federal (ALDF) y que es “inminente” su aprobación.
Investigadores de la UNAM y la UAM y activistas ambientales alertan
desde ahora sobre los riesgos que acarrearía aprobarla: Aumento de
tarifas, incumplimiento de contratos, maltrato a ciudadanos, incapacidad
de reclamo legal, cortes del servicio, mala calidad del líquido y falta
de transparencia, entre otros.
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